El Gobierno peruano activó medidas de emergencia por 60 días ante los graves daños causados por precipitaciones extremas en regiones de costa, sierra y selva. Decenas de distritos en Amazonas, Cusco, Lima (capital) y otras zonas reportan inundaciones, derrumbes y destrucción de infraestructura básica.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), emitió un aviso de máximo peligro para Cajamarca, Junín, La Libertad y otras siete regiones, donde las lluvias podrían desencadenar flujos de lodo y crecidas destructivas en las próximas horas.

Esta alerta se suma a la advertencia del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) sobre lluvias intensas en 16 departamentos.

Debido a esto, las comunidades más pobres, históricamente abandonadas, enfrentan el mayor riesgo ante la criminal falta de infraestructura adecuada.

Mientras el Ejército intenta limpiar los derrumbes en Huaylillas, las comunidades afectadas pagan el precio de la negligencia estatal. Organizaciones de base señalan que esta emergencia era previsible tras años de abandono en políticas preventivas y adaptación climática.

El Gobierno actúa cuando la tragedia ya golpeó a los más pobres, demostrando su fracaso en proteger a la población.

Asimismo, el Gobierno central anuncia medidas temporales poco efectivas, miles de familias perdieron sus hogares y cultivos esenciales, sin acceso ni garantías a reparaciones reales y justas.

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